Nueva Sierra

Antes de dar detalles de la causa, vale la pena recordar que el 10 de abril del año 2019 se suscribió un Acuerdo Transaccional con Osvaldo Martín Alonso -en su función de presidente del directorio de la empresa Playa Azul S.A.- por el cual se admitió la concreción de la nueva propuesta de inversión proyectada, a cambio de la realización de un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres; la puesta en valor de un inmueble de propiedad Municipal; y la demolición de la U.T.F. Balneario Nº 5 de La Perla.
En el marco de la causa que investiga el acuerdo transaccional firmado por el Municipio de General Pueyrredón con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, se pidió el llamado a indagatoria y la posterior detención del ex intendente municipal Carlos Fernando Arroyo, los ex secretarios de Economía y de Educación, Hernán Mourelle y Luis Alberto Distéfano, y el ex director de la Secretaría Privada, Ricardo Gutiérrez.
De esta forma, el abogado César Raúl Sivo, en calidad de abogado del particular damnificado, en representación del empresario turístico Sergio Goransky se presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos N°10 y expresó que se cuentan con “elementos de convicción suficientes” para tener por acreditada la comisión de hechos “delictivos graves que merecen ser reprochados penalmente a los funcionarios que han intervenido en los hechos”.
En tal sentido, solicitó se formalicen los correspondientes llamados a tenor del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para Carlos Fernando Arroyo, Ricardo Gutiérrez, Hernán Mourelle y Luis Alberto Distéfano como así también requirió se gestionen ante el Juzgado de Garantías N° 2 las órdenes de detención de los nombrados que “para garantizar el cumplimiento de los fines procesales en atención a la gravedad intrínseca de los hechos y la elevada penalidad en expectativa que de los mismos se desprende”.
La solicitud de detención de los ex funcionarios estuvo motivada esencialmente en la peligrosidad procesal que revisten los mismos, en el entorpecimiento probatorio, en caso de continuar los mismos en libertad, fundamentalmente por ocupar “altos cargos en el Poder Ejecutivo Municipal” y en que los ex funcionarios “cuentan con medios económicos más que suficientes para eludir la aplicación efectiva de la justicia”. (…) En mérito de tales razones y para “dejar a buen resguardo los fines del proceso y las legítimas expectativas de justicia de las víctimas”, se reclamó que se “formalice sin demoras la imputación que deviene inexorable a las resultas del avance del proceso y se peticione al Juez de Garantías las órdenes de detención de los imputados”.
Conforme a ello, el abogado expresó: “Se modificó el objeto de un contrato que surge de una licitación pública, arrogándose el intendente facultades correspondientes al Honorable Concejo Deliberante; se violó el procedimiento administrativo en cuanto a la sustanciación de las actuaciones, que carecieron de dictamen técnico, contable y legal al respecto, y que carecieron del refrendo obligatorio de los Secretarios/Auxiliares de las áreas competentes al tiempo que se pactaron la realización de obras a modo de compensación adicional, que en relación a los montos involucrados y a la modalidad referida en el mismo, configuraría el supuesto de una contratación irregular”.
Además, se denuncia que el 31 de julio de 2019, Arroyo rubricó el Decreto 1821/19, “de manera inconsulta; contrariamente a lo recomendado por los funcionarios profesionales del área; y previa solicitud de renuncia a la Directora del EMTur; mediante la que vetó una Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante que prorrogaba por el término de un año la vigencia de la Ordenanza n° 24.039 que permitía el vallado de los establecimientos comerciales de Playa Grande”.
“Ello –se señala en el escrito- con la finalidad de perjudicar a las empresas que solicitaban que se declare la nulidad del Acuerdo Transaccional celebrado entre el municipio y Playa Azul S.A., quienes deben ser consideradas víctimas por verse perjudicadas de manera directa por el cese arbitrario de los servicios de patio, lo que redundó en una pérdida sustancial de ingresos y un desbalance en la competitividad empresarial”, se indicó.
A su vez, el 9 de diciembre de 2019, y faltando pocas horas de cesar en sus funciones, el ex Intendente Carlos Fernando Arroyo, y el Secretario de Educación saliente del Municipio de General Pueyrredón, Profesor Luis Alberto Distéfano, “suscribieron el Decreto Municipal Nº 3256 a través del cual se aprueba el Legajo Técnico de Obras -cursado a través del expediente N° 12.259-1-19, expediente paralelo que tramitó a espaldas de los ciudadanos del municipio y de los especialmente interesados en la cuestión”.
Así, a las pocas horas de haber asumido en su cargo, el sucesor de Arroyo, el actual intendente Guillermo Montenegro, dejó sin efecto el polémico decreto, con el que vale la pena recordar que se habilitó el comienzo de la ejecución de obras de construcción de una confitería bailable en la UTF Estacionamiento de Playa Grande con la única finalidad de beneficiar arbitrariamente a la firma Playa Azul S.A., y teniendo como víctimas al resto de las concesionarias del consorcio de Playa Grande por verse damnificadas de forma improcedente en relación al sinalagma contractual licitatorio debido a no haber podido prever en sus ofertas el ingreso de la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento a competir por el público en dicho rubro en el Complejo Playa Grande, “traduciéndose ello concretamente en un gravísimo perjuicio patrimonial”.